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La UE endurece la normativa para los vehículos trucados

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Los países de la UE han fijado su postura de cara a la negociación con el Parlamento Europeo para reformar el sistema europeo sobre la homologación de vehículos. Los países buscan endurecer los controles y ceder más poderes a la Comisión Europea para imponer sanciones a los coches trucados. 

Bruselas podrá imponer multas de hasta 30.00 euros por vehículo trucado.

Además, se obligará a los países a supervisar uno de cada 50.000 coches que recibieron la autorización el pasado año.

La nueva normativa permitirá imponer multas de hasta 30.000 euros por vehículo trucado a los fabricantes siempre y cuando no hayan sido impuestas con anterioridad por el país involucrado.

Actualmente, el Ejecutivo comunitario no puede imponer sanciones a los fabricantes que incumplen las normas europeas ya que esta competencia solo corresponde a los Estados miembros. No obstante, sí ha podido abrir expediente a algunos países por no haber sancionado el uso de dispositivos ilegales.

La nueva directiva también permitirá a la Comisión Europea realizar controles e inspecciones de vehículos para verificar el cumplimiento de las reglas comunitarias y responder a las irregularidades.

La negociación del Consejo incluye la obligación a los países de supervisar uno de cada 50.000 coches que recibieron la autorización el pasado año.Cifra inferior de la que defiende el Parlamento Europeo (hasta el 20%) que ven positivo que se mantenga el principio .Estos controles incluyen la verificación de las emisiones de los vehículos bajo situaciones de conducción real.

La normativa también establece un sistema de auditorías a través de las cuales las autoridades nacionales de homologación serán vigiladas por otras dos autoridades nacionales de otros países al menos una vez cada cinco años. Además, Bruselas podrá participar de estos controles y deberán publicar los resultados de los análisis.Para finalizar, todos los países de la UE han apoyado la creación de un foro para el intercambio de información cuyo objetivo es armonizar las diversas prácticas e interpretaciones entre los Estados miembros.

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